La pena formaba parte de una multa entero de 203,6 millones de euros interpuesta a las principales constructoras del país.
La Audiencia Doméstico ha establecido suspender de forma cautelar la pena interpuesta en julio de 2022 por la Comisión Doméstico de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra Dragados, filial de ACS. Dicha pena fue, en concreto, el plazo de una multa de 57,1 millones de euros y la prohibición de contratar con la Sucursal pública.
Esta pena formaba parte de una multa entero de 203,6 millones de euros interpuesta a las principales constructoras del país, Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr. ¿Motivo? Por supuestamente favor adulterado durante 25 primaveras miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.
Todas las empresas recurrieron la multa delante la Audiencia Doméstico y todas han obtenido ya las cautelares, lo que supone suspender temporalmente las multas de Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHLA (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones).
Perjuicio
A diferencia de FCC, todas las demás además obtuvieron la medida cautelar de suspender la prohibición de contratar interpuesta por el regulador. En el caso de esta compañía, al menos en este petición en particular, no solicitó la suspensión de esta prohibición, por lo que el tribunal no tuvo que abortar sobre este asunto.
En su escrito, Dragados alega que la CNMC no ha demostrado que se produjera lo que denuncia y considera que el cálculo del coste de la pena no fue debidamente motivado, señalando, en todo caso, que se manejo de una cuantía "arbitraria y desproporcionada".
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Asimismo, defiende que si tuviera que hacer frente al plazo inmediato de la pena, su fondo de maniobra, que representa la capacidad de la empresa para continuar con el explicación habitual de sus actividades en el corto plazo, sufriría una caída de casi el 420% y su ratio de organización se vería corto en casi un 24%.
Asimismo admite que presenta "un stop fracción de endeudamiento", por lo que el plazo de la multa impuesta lo incrementaría al carecer más financiación ajena para poder hacer frente a la pena, pues gran parte de los bienes de la compañía están ya comprometidos.
En cualquier caso, se manejo de una suspensión cautelar que además se condiciona a que la compañía presente una seguro en forma de aval bancario u otra similar por el mismo coste de la multa, que asegure el plazo y con ello la indemnidad del tesoro divulgado y el interés caudillo en caso de un pronunciamiento final desestimatorio del petición.
La CNMC destapó que, desde 1992, estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Por otra parte, intercambiaban información sobre su logística de presentación a los concursos públicos, entre ellos hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras.