Piden que se cumpla la Ley de la Prisión Alimentaria y no entienden que el ministro Luis Planas no esté en las negociaciones.
La propuesta de cesta de la adquisición “asequible, variada y saludable” de Yolanda Díaz no hace más que dividir y crear discrepancias. Primero en el Gobierno, con la parte socialista en contra. Luego en la distribución, con Carrefour adelantándose al resto y teniendo su propia reunión con la vicepresidenta segunda. Y, por zaguero, en el primer anilla de la sujeción alimentaria: agricultores, ganaderos y productores, que no han sido invitados a la ‘fiesta’ a pesar del peso que tienen en la viandas del país.
La principal preocupación del campo está en que sean ellos los que acaben pagando los acuerdos de precios con algunos productos e incluso que se llegue a incumplir la Ley de la Prisión Alimentaria. “No vamos a permitir que se pague por debajo del coste de producción al productor”, asegura Miguel Padilla, secretario común de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
La propuesta de Yolanda Díaz no deja de ser una recomendación para que las grandes distribuidoras hagan una cesta de la adquisición asequible, variada, saludable y que dure más allá de las Navidades. Por ello, inmediato con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, han pedido “un esfuerzo a las grandes distribuidoras a costa de sus márgenes empresariales”.
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Es opinar, dejan a la buena fe de las grandes empresas encargarse los costes de esa congelación o obstáculo de precios en determinados productos y que no sean repercutidos a los productores. Poco que, por otra parte, sería un incumplimiento de la Ley de la Prisión Alimentaria. Sin incautación, este plan tiene muchas lagunas y el campo no se fía.
“La experiencia que tenemos en España es la de una civilización en la que los supermercados han usado la nata o el óleo de oliva como producto señuelo para descabalgar precios y que el productor salga perjudicado”, señala Lorenzo Ramos, el secretario común de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Grazón, durante la reunión con Carrefour para proponer una cesta de la adquisición.
Desde COAG alertan de que esto podría provocar que muchos agricultores y ganaderos abandonen el campo por no poder soportar más la situación. Hay que rememorar que en el zaguero año los costes de producción (energía, abonos, fertilizantes…) se han disparado. Por ello, Migue Padilla defiende que se topen los costes de producción y no los precios finales de los alimentos.
Suficiente molestos todavía se han mostrado desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja). Su presidente, Pedro Económico, cree que la ministra de Trabajo “no tiene potestad para hacer esto” y le exige que cumpla la Ley de la Prisión Alimentaria.
Proteger al productor
El malestar en el campo es palpable a pesar de que Yolanda Díaz ha insistido en que las grandes distribuidoras deben proteger a los pequeños productores y cumplir con las leyes. De hecho, ella misma ha denunciado que no es de recibo que a los productores les compren naranjas a 15 céntimos y se vendan en el supermercado a 1,48 euros, un 887% más.
Pero al campo castellano no le convencen estas palabras. En parte porque ni siquiera se las ha comunicado directamente a ellos, sino que lo ha hecho en comparecencias públicas. ¿Por qué? Porque no han sido invitados a reuniones en las que se llevarán a punta estos acuerdos.
La primera fue ayer con Carrefour. La próximo será el lunes con el resto de distribuidores y las asociaciones de consumidores. Pero ninguna de estas asociaciones agrarias con las que ha conversado EL ESPAÑOL han sido llamadas a consulta.
“No nos parece comprensible que no nos hayan dicho falta”, denuncian desde COAG. Siquiera les parece “comprensible” que el ministro de Agricultura, Pesca y Viandas, Luis Planas, no esté invitado a las reuniones siendo un tema de su competencia. Poco que la ministra de Defensa, Margarita Robles, echó en cara a la vicepresidenta.
Desde Asaja creen que solo es una “ocurrencia” más de Yolanda Díaz que avala más a cuestiones electoralistas. Para ella, en cambio, “el faltriquera de los españoles compete a todo el Gobierno”.